Está claro que ninguno aquà podemos saber más que 11 tÃos del Tribunal Supremo de lo que es prevaricación o no lo es.
Y desde luego no voy a poner en duda la sentencia ni muchÃsimo menos.
Pero eso sÃ, por el bien de la imagen de la justicia deben explicar bien clarito los fundamentos que han usado para decir que ha prevaricado, porque yo ahora mismo no lo entiendo.
Si las grabaciones de conversaciones entre un imputado y su abogado están permitidas en supuestos de indicios de estar cometiendo delitos u ocultando pruebas, y se ha demostrado que fue asÃ, ¿En qué prevaricó?
Lo dicho, lo acato como no puede ser de otra manera, pero hasta que no me lo expliquen no lo entiendo.
Esto no ha sido más que una argucia legal de unos abogados muy entrenados en el arte de buscar oportunidades en las lagunas legales, y me explico.
Resulta que muchos jueces en España han hecho escuchas que han vulnerado el derecho de defensa o algún otro derecho del individuo investigado, en todas ellas esas grabaciones son anuladas por no considerarse válidas al haber vulnerado ese derecho -el que sea- pues bien, nunca se ha condenado a un juez por prevaricación por esto. Claro, no se habÃa hecho porque nunca se habÃa dado el caso de que se interpusiera una denuncia por prevaricación contra el juez que fuera.
Pero esta vez sà se ha hecho, y ha sido la acusación particular. El Ministerio Fiscal no vió indicios de delito. Lo peor de esto, aparte de cargarse la carrera de un gran juez reconocido mundialmente por ser de los pocos que ha tenido cojones de meterse en charcos en los que nadie se metÃa, capaz incluso de demostrar su independencia polÃtica, sacando a relucir una trama de financiación ilegal del PSOE y el GAL, es que esta sentencia sentará jurisprudencia.
Esta mañana lo decÃa alguien en la radio. El problema de la judicialización de la polÃtica es que se termina politizando la justicia. Y no le faltaba razón.
